National Statement



Alto a la Guerra en el Extranjero
Alto a la Guerra Doméstica contra Inmigrantes, Refugiados y Comunidades de Color

Hacemos un llamado a que los Estados Unidos cese la amenaza de guerra contra Irak.

Hacemos un llamado a que se termine la creciente guerra doméstica contra los derechos de las comunidades inmigrantes, refugiados, y pueblos de color. Debemos de proteger nuestros libertades civiles, derechos civiles y constitucionales si queremos asegurar el bienestar público y la seguridad.

Alzamos nuestras voces y extendemos los brazos en solidaridad con las víctimas de violencia racista de Estados Unidos dentro y fuera del país.

Guerra en el Extranjero y Guerra en Casa

La guerra eminente contra Irak trae consigo la amenaza de desplazar violentamente a comunidades enteras en el Medio Oriente, creando nuevas generaciones de refugiados y desplazados. Durante la Guerra del Golfo de 1991, más de cinco millones de trabajadores migrantes de Asia, el Medio Oriente y otras partes del mundo se vieron forzados a huir para salvar sus vidas. Incontable número de personas de Irak y Kuwait se convirtieron en víctimas de guerra.

El ímpetu de guerra de Estados Unidos también tiene un impacto desproporcionado sobre los inmigrantes, refugiados, y comunidades de color que viven en Estados Unidos. Nuestras comunidades están sufriendo de políticas domésticas desiguales que resultan en altos niveles de desempleo, encarcelamiento, y servicio militar. Las leyes y políticas anti-terroristas criminaliza aún más a comunidades enteras, trastorna vidas, y empobrece a familias que sufren de haber tenido a un miembro de su familia detenido o deportado.

La “guerra permanente contra el terrorismo” del Presidente Bush ha sembrado temor y creado confusión, aumentando la ansiedad pública y el estereotipo de que “los terroristas están viviendo entre nosotros.” Se han desatado una serie de políticas, prácticas, medidas, y leyes dirigidas a los inmigrantes y refugiados. Las tres leyes anti-terroristas más importantes desde el 11 de septiembre - la Ley Patriota, la Ley de Seguridad de Transporte y Aviación, y la Ley de Mejoramiento en la Seguridad Fronteriza y Reforma al Programa de Visas - criminaliza a los inmigrantes, prolonga la fracasada militarización de la frontera, y da medidas de impunidad a las fuerzas de control migratorio. Las medidas anti-terroristas del 11 de septiembre han aumentado la militarización de la frontera que ha resultado en más abusos y muertes de inmigrantes que cruzan para trabajar en EE.UU. El FBI y el Servicio de Inmigración y Naturalizacion (SIN), con otras fuerzas locales, estatales y federales, han sistemáticamente aumentado el hostigamiento e implementado redadas en donde los inmigrantes viven, trabajan, veneran, estudian, y se divierten.

Política Equivocada y Derechos de los Inmigrantes

Inmediatamente después del 11 de septiembre, usando el perfil racial, étnico y religioso, el SIN, el FBI y otras fuerzas policíacas empezaron a arrestar y, en muchos casos, a deportar cantidades de hombres árabes, musulmanes, y del sur de Asia como parte de la histeria anti-inmigrante/anti-terrorista que invadió al país. El gobierno todavía no ha rendido cuentas de las miles de personas que detuvo, deportó, y desapareció ilegalmente. El procedimiento migratorio NO es un procedimiento criminal. En muchos casos el gobierno utiliza leyes migratorias cuando no encuentra otra manera de enjuiciar a un individuo o grupo. Las leyes migratorias tienen técnicas inherentes que ponen a grandes sectores de las comunidades inmigrantes en riesgo de ser deportadas.

Bajo la pantalla de “seguridad nacional,” una coalición de agencies del gobierno federal y bajo el liderazgo del Departamento de Justicia dieron rienda suelta a la “Operación Tarmac” en contra de trabajadores de aeropuertos de bajos salarios, incluyendo a ciudadanos y no-ciudadanos. Mientras que más de 1,000 trabajadores mayoritariamente latinos y asiáticos han sido arrestados y deportados, cientos más perdieron sus trabajos y ningún solo “terrorista” fue encontrado.

Miles de trabajadores de seguridad de aeropuertos que son residentes permanentes legales perdieron sus trabajos después de que la federalización de éstos puestos de inspección ahora requiere la ciudadanía estadounidense.

El actual “Programa Especial de Registro” es solamente el último ataque contra los derechos de las comunidades árabes, africanas, y asiáticas que posiblemente se convierta en la base de redadas en contra de otras comunidades de inmigrantes.

Todos los programas, las políticas, prácticas y leyes anti-terroristas y migratorias que están dirigidas a las comunidades de inmigrantes y refugiados tienen que terminar.

El parar la guerra en el extranjero tiene que incluir el parar la guerra contra los inmigrantes, refugiados, y todas las comunidades de color aquí en nuestro país.

Restauren las Libertades y Protecciones Civiles

Leyes y políticas que están dirigidas contra grupos basándose en creencias religiosas, cultura, etnia, raza, o condición migratoria es aborrecible en todo el mundo. Nuestra Constitución y los tratados internacionales prohíben este tipo de discriminación, abuso, y la violación de los derechos humanos y principios más básicos. Nuestros ideales más enorgullecedores como el habeas corpus, el debido proceso de la ley, y la inocencia hasta ser probado culpable han sido abandonados mientras que la administración de Bush se lanza a la guerra.

JUNTOS DEBEMOS:

  • PEDIR CUENTAS a todos los oficiales electos responsables de haber atropellado la constitución y estropeado los derechos civiles y humanos en esta “guerra contra el terrorismo.”
  • DEROGAR los programas, las políticas, las prácticas, y las leyes anti terroristas en la aplicación leyes migratorias.
  • PREVENIR el continuo deterioro de garantías constitucionales, tal como el Acta PATRIOTA II recientemente denunciado, que anularía la ciudadanía y otros derechos.
  • PARAR la violencia basada en odio y los perfiles raciales, étnicos, y religiosos que son ilegales.
  • DEFENDER nuestras libertades a través de realzar todas las protecciones y procesos constitucionales, incluyendo la responsabilidad de la FBI, la SIN, y otras agencias policíacas.
  • GARANTIZAR a todos los miembros de nuestras comunidades, sin referencia a su condición migratoria, el vivir con paz, tranquilidad, y seguridad.

Poner fin a la guerra doméstica contra los derechos de inmigrantees, refugiados, y las comunidades del color garantizará la paz, la tranquilidad, y la seguridad de todas comunidades en los EE.UU.

FIRMADO (Lista Parcial de Endosamientos*)


* Para endorsar esta declaración, por favor de enviar un email or llamar:
Red Nacional Pro Derechos Inmigrantes y Refugiados; Tel (510) 465-1984 ext 305
Email: agarcia@nnirr.org

Esta declaración también está disponible haciendo clic en: www.nnirr.org

NNIRR 310 8th Street Suite 303, Oakland, CA 94607
Tel (510) 465-1984, Fax (510) 465-1885

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